La creación de empresas fantasma agudiza la defraudación fiscal.
¿Hay aquí alguien de Hacienda?”, pregunta en tono de broma Jorge Marcos García Landa ante una veintena de contadores y abogados. Está a punto de dar una charla sobre cómo crear empresas para minimizar la carga tributaria de otra, es decir: para que ésta pague menos impuestos, algo que seguramente no le agradaría al Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el salón de un hotel Marriot al sur de la Ciudad de México, los asistentes, casi todos de traje, se ríen con complicidad. Han pagado entre 600 y 2,600 pesos para estar ahí.
García Landa es experto en tales estrategias. Una de sus favoritas es de la que hablaba esa mañana: crear empresas paralelas para que la principal evite caer en discrepancias fiscales y actos vulnerables, que son los nombres técnicos de lo que ocurre cuando un contribuyente gasta más de lo que gana, o no puede demostrar la procedencia de los recursos, respectivamente.
“¿Por qué no crear una nueva compañía que haga las cosas cochinas, los actos vulnerables, que la persona moral [la empresa nueva] sea la que caiga en discrepancia fiscal y no el empresario… que no tenga ninguna relación con las empresas bonitas, con las empresas del grupo?”, plantea a su público el socio fundador y presidente de Grupo García Landa y Asociados. “Yo jamás me atrevería a hablar de algo que fuera ilegal”. Pero reconoce que la línea que divide sus estrategias de las empresas fantasma es muy delgada. ¿En qué consiste tal línea delgada? ¿Cómo identificar a las empresas fantasma?
Las cochinadas
La creación de empresas fantasma es “casi un deporte nacional”, asegura el doctor Jesús Agustín Celorio Vela, director general del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario.
Se les denomina “fantasma” porque aunque existen en el papel, no se ven; pero también se les llama “trucha” porque saltan de un lado a otro, “fachada” o “pantalla” porque no hay nada detrás del nombre, o “puercas” porque las engordan desde enero y en diciembre las hacen carnitas, es decir: las liquidan. Están hechas para eso.
Se trata de un modelo replicado en todo el país, por lo que él define como “delincuencia fiscal organizada”. “Son como un nido de cucarachas: matamos una y mañana aparecen 10. Matamos a 10 y aparecen 100, etcétera… El gobierno debe diseñar un plan para enfrentar a la defraudación fiscal”, considera Celorio Vela.
Pero no sólo son un cáncer para las arcas de gobierno. Lo son también para las empresas reales, las que efectivamente generan riqueza. Las empresas fantasma afectan directamente a los empresarios de carne y hueso, por ejemplo, cuando en una licitación los competidores son fantasmas que sólo existen para simular una competencia que en realidad no hay. O cuando existen como proveedores de otra empresa (o del gobierno) sin dar a cambio lo que supuestamente se compra, es decir para efectuar fraudes internos y desviar dinero, sea público o de una corporación. Incluso si solamente son usadas para vender facturas falsas o triangular transacciones para pagar menos impuestos (ilegalmente), afectan a los demás negocios al generar ventajas artificiosas para algunos.
Quizás lo peor de este fenómeno es que difícilmente se castiga a los responsables. Quienes crean y usan las empresas fantasma no aparecen registrados como sus dueños o accionistas. En su lugar usan prestanombres para que comparezcan ante un notario público y constituyan la compañía. En algunos casos suelen recurrir a nombrar como administrador a un anciano, alguien a quien por su edad la peor pena que le puedan aplicar es el arraigo domiciliario: “lo cual a lo mejor ni le preocupa. Por una buena lana esas personas aceptan, hacen lo que les indican y nada más tienen que firmar”, explica Vicente Ortiz Yustis, director general del despacho de consultoría fiscal y legal Yustis Malagón y Asociados. O bien, en otros casos simplemente se roban los datos de identidad de las personas.
¿Cómo cazar empresas fantasma?
Para evitar la proliferación de empresas fantasma que ofrecen facturas ilegales, el gobierno propuso en 2013 un artículo (la adición del 69-B al Código Fiscal de la Federación) para sancionar y neutralizar ese delito.
La propuesta centró su atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través del tráfico de comprobantes fiscales: sea que los compren, vendan, coloquen o se beneficien de ellos. Por eso, desde 2014, el SAT publica una lista con los datos de las empresas que se presume facturan operaciones inexistentes para combatir este delito fiscal. A casi dos años y medio de esta medida, el SAT ha publicado en los listados definitivos a 702 empresas, de acuerdo con Ernesto Luna Vargas, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT.
Esos contribuyentes emitieron 483,460 facturas de operaciones inexistentes, con un valor de 69,445 millones de pesos, en beneficio de 41,183 empresas relacionadas. Sin embargo sólo dos contribuyentes han sido aprehendidos por defraudación fiscal relacionada con este esquema y 19 asuntos están en investigación ante la Procuraduría General de la República, con la participación de la Procuraduría Fiscal de la Federación, según el funcionario. Celorio Vela indica que el prestanombre tendrá la responsabilidad penal por ser el representante legal de la empresa fantasma, pero con el nuevo esquema quien adquirió las facturas también enfrentará consecuencias, y éste no se podrá esconder. Al menos esa es la intención de las autoridades.
Una línea muy delgada
Meses después, en el mismo hotel y tras bambalinas de otro desayuno-conferencia, el contador García Landa nos concede una entrevista. “Si bien la planeación fiscal como tal es legítima, en la práctica puede ser complicado distinguir entre una conducta lícita de otros actos ilícitos, como la simulación fiscal, la evasión fiscal, fraude o delito fiscal”, explica.
Muchas veces han sentado a las empresas, como las de sus estrategias fiscales, en el banquillo de los acusados, pero afirma que no hay nada sucio en ellas. Recalca que la gran diferencia entre hacer una estrategia u otra cosa está en no simular, no evadir, “que no perjudiques absolutamente a nadie, en tu beneficio y en perjuicio de las autoridades. Es una línea muy delgada, pero que la autoridad tiene muy identificada”.
En la actualidad el SAT está en la posición de auscultar la constitución de cualquier empresa. “A la autoridad ya no la engañan; no se chupa el dedo. Recientemente nos ha tocado al constituir personas morales —que operan de verdad— que te pasas todo un día en la administración fiscal respondiendo preguntas: para qué la constituyes, si va a operar o no va a operar, tu domicilio, piden el contrato de arrendamiento… Eso significa que ya no es tan fácil hacer estas constituciones, por lo cual creo que el ‘efecto cucaracha’ también bajará. Pero sí, sí hay un efecto cucaracha, claro que sí: bajas, altas, bajas, altas, empresas que nacen y mueren todo el tiempo”.