Analistas afirman que en particular, el artículo 32 frenaría el desarrollo de las empresas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como 3 de 3, supone cinco amenazas para las pequeñas y medianas empresas que obstaculizarían su desarrollo y afectarían la economía del país, afirman expertos.
En especial, preocupa su artículo 32, relativo a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público, aprobado por el Congreso la semana pasada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las cinco amenazas para las empresas que ven los expertos en esta ley son:
1.- Las haría vulnerables a la delincuencia.
2.- Representaría un obstáculo para ser proveedoras del gobierno.
3.- Sería prácticamente imposible realizar las declaraciones de las compañías y todos sus empleados.
4.- Les dificultaría el acceso a créditos de la banca de desarrollo.
5.- Haría lentas sus operaciones al enfrentar un proceso muy burocrático.
“Al pedirles que publiquen sus bienes, las personas físicas con pequeños negocios se vuelven vulnerables a la delincuencia (pues su patrimonio quedaría expuesto públicamente)”, dijo en entrevista a El Contribuyente Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México.
“No se pusieron a pensar en las consecuencias que iba a traer esto, no solamente a los empresarios”, agregó Cruz.
La iniciativa privada y organismos nacionales han mostrado su inconformidad a la ley y han pedido al presidente Enrique Peña Nieto que la vete. “La redacción del 32 quedó tan absurda que se tiene que vetar… Lo vimos como un tipo de venganza de los legisladores hacia la iniciativa privada, que estuvo apoyando la ley 3 de 3”, considera Pablo Montes, especialista en anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad.
El propio Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y que votaron a favor de esta ley, reconoció que la redacción es inadecuada y confusa.
Además, esta ley dañaría la economía del país, porque obligaría a detener todo el gasto público, señala el analista Macario Schettino: “No hay manera de que esto pueda cumplirse, es imposible de manejar”.
Al cierre del 2015, en México había 42,310 pequeñas y medianas empresas proveedoras del gobierno federal, de acuerdo al último dato disponible de la Secretaría de Economía.