Los organismos empresariales descartan que la evasión fiscal sea práctica común, pero recomiendan a los empresarios acudir con despachos certificados para cumplir con la ley en el pago de impuestos.
Líderes empresariales exigieron la investigación a fondo de los casos revelados por los llamados Panamá Papers, que involucran a empresarios, políticos y funcionarios, para deslindar responsabilidades y sancionar conductas ilícitas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que ante una muy buena investigación periodística, las autoridades deben realizar la indagación judicial para determinar si hubo evasión fiscal y, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes.
“Corresponde a la autoridad analizar este tema, pero se debe asegurar que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones”, dijo Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) espera que esta información no quede sólo en notas periodísticas y “provoque una investigación para aclarar cualquier desvío, fuera de la ley, de quien debe pagar los impuestos correspondientes”, afirmó.
Coparmex aclaró que esta no es una práctica común, ya que la mayoría de los empresarios tienen invertido en México sus recursos, ya sea en sus empresas o en las opciones que ofrece el sistema financiero.
No obstante, Castañón llamó a todos los empresarios a recurrir a asesoría de despachos que “los certifiquen correctamente para que cualquier movimiento financiero esté sustentado bajo el marco de la ley y las prácticas generalmente aceptadas”.
Para contribuir con el cumplimiento de la ley, el CCE diseñó un Código de Ética para exigir transparencia y buen comportamiento a las empresas, afirmó Coparmex en un comunicado.
Recordó que las naciones mantienen convenios internacionales que involucran intercambio de información tributaria, para que todos los ciudadanos paguen impuestos y se reduzca el margen de evasión en paraísos fiscales.
“La regulación fiscal es muy estricta en el tratamiento fiscal aplicable a los paraísos fiscales, ya que la ley obliga a reconocer en México las utilidades que en su caso se hubiera generado en el extranjero, con su respectivo pago de impuesto, aun cuando no se distribuyan las mismas”, explicó.
Además, agregó, existen obligaciones formales que se deben cumplir para informar de este tipo de inversiones en paraísos fiscales, y su incumplimiento implica tanto sanciones económicas como penales.