El gobernador de Chihuahua justificó los depósitos porque su banco daba buenas tasas de interés, pero luego declaró que los mismos se hicieron sin su autorización.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por César Duarte, realizó depósitos de recursos públicos por 80 mil millones de pesos (mdp) entre 2012 y 2014 en un banco del cual era inversionista.
En un principio se denunció que eran recursos estatales, sin embargo, ahora la Procuraduría General de la República está investigando si se usaron también recursos federales en las transacciones.
Esto tras nueva información, que abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, a la que pidieron que no sólo se investigue el monto y la existencia de los depósitos, sino también su origen.
“Se tienen indicios que han surgido en el transcurso de la indagatoria iniciada desde 2014 de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones. La PGR tiene a un equipo indagándolo (…) estaría obligada a actuar en defensa del erario de la federación” declaró Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, organización coadyuvante en el caso.
Esos depósitos, que según lo dicho por Duarte se hicieron sin su conocimiento, terminaron en el Banco Progreso, del cual el propio gobernador busco participación accionaria a través de un fideicomiso.
La PGR aceptó la petición de nuevas investigaciones en diciembre pasado y mandó a un equipo de la Unidad de Análisis Financiero a la ciudad de Chihuahua para averiguar si los recursos contenían dinero federal.
“Se busca diseccionar la mezcla de recursos estatales o federales de que ha dispuesto César Duarte y Jaime Herrera Corral (secretario de Hacienda), en movimientos que obran ya agregados al expediente. En otras palabras, se quiere saber qué recursos son de Chihuahua y cuáles federales (…) de confirmarse el desvío de recursos federales le da mayor gravedad al asunto” dijo Jaime García.
Sobre esos depósitos, Duarte dijo primero que era un “conflicto de interés relativo” y justificó que se llevaron a cabo porque Unión Progreso (sociedad que junto con otras se fusionó en Banco Progreso) ofrecía las mejores tasas de interés, pero luego admitió que esos movimientos fueron autorizados por su secretario de Hacienda sin su conocimiento. “De haberlo sabido no los hubiera autorizado” confesó (con información de Animal Político).