Mientras en Brasil, España y Guatemala hay funcionarios sancionados por actos deshonestos, en México los casos quedan impunes, advierten especialistas durante la presentación de la propuesta de ley #3de3.
En México la corrupción es apreciada y hasta premiada, afirmó la politóloga Denisse Dresser, durante la presentación de la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades Administrativas.
La académica comparó a México con Brasil, España y Guatemala para dimensionar la impunidad en torno de la corrupción.
En Brasil, dijo, el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias contra funcionarios por usar su cargo para obtener un beneficio privado, en España hay 1,700 causas abiertas por corrupción, incluida la de Humberto Moreira, y en Guatemala un presidente “cayó” por corrupto.
En México, en cambio, siguen impunes casos como la “Casa Blanca” (de la primera dama Angélica Rivera, las casas de Malinalco (del secretario de Hacienda Luis Videgaray) y de Ixtapan del Sal (del presidente Enrique Peña Nieto), así como los señalamientos por tráfico de influencias contra la empresa OHL.
Estos escándalos, afirmó, no han tenido consecuencias en los tribunales, porque “aquí se premia en lugar de castigar”, afirmó.
Dresser dijo que la corrupción, alimentada por la impunidad, es el principal obstáculo para la competitividad del país, pues conduce a que los gobernantes gasten más dinero en proyectos de construcción y carreteras, que son los más opacos, y lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla, incluidas las procuradurías y los tribunales.
“Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad, sino extracción de rentas”, dijo durante la presentación de la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades Administrativas, que nació a partir de la campaña #3de3.
Con esta propuesta elaborada por expertos y organizaciones civiles, se pretende establecer reglas claras de conducta, crear una nueva cultura de rendición de cuentas y un nuevo sistema de responsabilidades de servidores públicos para encarar, definir y sancionar con claridad qué es un acto de corrupción, según estándares internacionales.
“Estas conductas habrá que cambiarlas para que casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no exoneraciones inverosímiles”, insistió Dresser.
Se resisten a la transparencia
En 2015 la iniciativa #3de3 –que convocó a los candidatos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses– reveló que lo que motiva a un político a ser transparente no es la vocación democrática ni el convencimiento a la rendición de cuentas y tampoco la exigencia de la gente, sino que le convenga o que esté obligado legalmente a hacerlo, afirmó el senador perredista Zoé Robledo.
Detalló que de los 19 miembros del gabinete del gobierno federal, ninguno ha presentado su #3de3.
“De los 128 senadores, sólo 15 han publicado sus declaraciones; de los 500 diputados federales, 72, y de los 1,121 diputados locales, sólo 40”, informó.
El senador dijo que si bien los dirigentes de PRI, PAN y PRD, así como los 9 ganadores de las contiendas por las gubernaturas en juego en 2015, ya hicieron su declaración #3de3, ningún partido lo estableció como requisito para ser candidato.
“De los 9 candidatos que se enfrentaron a las urnas el año pasado, los 9 presentaron su #3de3, y esto nos dice que cuando hay presión ciudadana sí funciona”, dijo Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).
Sin embargo, Robledo lamentó que la iniciativa no fuera incluida en la Ley General de Acceso a la Transparencia y a la Información Pública ni en la reforma constitucional en materia en combate a la corrupción.
Por eso, afirmó, con la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas que se presentará ante el Congreso de la Unión, serán los ciudadanos quienes tendrán que obligar a los funcionarios a ser más transparentes.
Por 120,000 firmas
A partir de este martes, un grupo de ciudadanos y organizaciones se han propuesto reunir las 120,000 firmas necesarias para presentar esta iniciativa que pretende convertirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y convertirse en uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Las organizaciones proponen:
1. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables.
8. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
9. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
10. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción, aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Para apoyar la propuesta los ciudadanos deberán ingresar al sitio www.ley3de3.mx, donde podrán descargar los formatos para reunir firmas y los puntos donde podrán entregarlas en todo el país.
El documento fue elaborado por más de 30 expertos en temas de corrupción durante 6 meses, informó Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, una de las instituciones convocantes.