el Contribuyente

Guardan silencio PRI, PGR y gobierno federal sobre Moreira

Rechazaron declarar sobre la detención en Madrid del ex gobernador de Coahuila, pero el tricolor aclara que las instituciones no son responsables de los actos de los individuos.


Tanto en el gobierno federal como en la PGR y el PRI rechazaron informar o emitir alguna postura sobre la detención en España de Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila.

En un brevísimo comunicado de prensa, el PRI argumentó que la información conocida hasta el momento es escasa y que esperarán que sigan las investigaciones de las autoridades españolas para hacer algún pronunciamiento.

No obstante, de manera anticipada deslinda a ese partido al aclarar que “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran”, agregó el comunicado.
 
En el texto, el partido que presidió Moreira entre marzo y diciembre de 2011 apunta: “En relación a las notas periodísticas que aluden a la detención de Humberto Moreira por autoridades hispanas, en Barajas, España, señalamos que hasta el momento contamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo”. 

Emitido al filo de las 13:30 horas, el PRI asegura en su comunicado que “esperemos el desarrollo de las investigaciones de la justicia española”, y llamó a no hacer juicios condenatorios ni anticipar defensas. 

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, rechazó las preguntas de la prensa durante un acto en la cancillería al asegurar que no tenía información sobre la detención y dijo que sería la Procuraduría General de la República (PGR) la encargada de dar a conocer todo lo relacionado con el caso.

En la PGR, donde hay radicadas denuncias presentadas por el PAN en contra de Moreira, tampoco han ofrecido detalles de su detención, por posible lavado de dinero y malversación de fondos.  

El ex gobernador de Coahuila fue detenido por la Policía Nacional de España en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Colaboradores de Moreira declararon que la detención se debió a problemas migratorios, pero la policía española desmintió la versión al aclarar que cumplió con una orden de la Fiscalía Anticorrupción.

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