Más de 90% de los españoles considera que el fraude fiscal ha aumentado, cifra que contrasta que el 9.5% que considera que este problema disminuyó en años recientes.
De acuerdo con la encuesta “Opiniones y actitudes de los españoles 2014”, 70% de los ciudadanos de aquel país considera que lo que entrega al gobierno en forma de impuestos es más de lo que recibe de éste a través de servicios públicos.
A su vez, 41% de los encuestados dijo que los ingresos fiscales están mal gestionados, y el 80% respondió que el cumplimiento fiscal ha empeorado en la pasada década.
Del informe se desprende que la proporción de personas (91%) que considera que el fraude ha aumentado en la nación ibérica, supera en casi 10 veces a los que piensan que este problema ha disminuido (9.5%).
La evolución histórica de la percepción de cumplimiento fiscal había tenido una tendencia positiva, situación que ha cambiado en años recientes.
El también llamado barómetro fiscal refleja que la opinión pública expresa que los que más defraudan al fisco son los empresarios, seguidos de los profesionales independientes y los trabajadores autónomos.
Contrasta con la percepción de que los empleados asalariados son los que más cumplen con sus obligaciones fiscales, debido principalmente a que se encuentran sometidos a un mayor control por parte de la hacienda pública.
En cuanto al fraude fiscal, el estudio reveló, que entre las primeras causas mencionadas de este fenómeno están “la impunidad de los defraudadores”, así como “la falta de honradez” y “la falta de conciencia cívica”.
Otras dos causas mencionadas, fueron la “ineficacia en la lucha contra el fraude”, y la carga fiscal excesiva.
Las cifras también revelan que la mayoría de la población rechaza el comportamiento defraudador por razones de solidaridad y principios, mientras unos cuantos justifican parcialmente cierto nivel de fraude “para salir adelante”.
Por lo que toca a los servicios públicos, los de transporte e infraestructura son los que salen mejor evaluados, a diferencia del seguro de desempleo y los gastos en pensiones, de los que consideran que se hace mal uso. La sanidad y servicios médicos tampoco salen bien librados, pues 45% de los entrevistados considera que son los peor utilizados por la ciudadanía (con información de El Economista de España).