La administración de Claudia Pavlovich tendrá que pagar 104 millones de pesos de sus participaciones o endeudarse con Hacienda, lo que afectará la prestación de servicios de salud, educación y seguridad pública, advirtió el procurador fiscal del estado.
El gobierno de Sonora, encabezado por Claudia Pavlovich, pagará más de 100 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el presunto fraude fiscal de 1,705 millones de pesos, aunque esto ocurrió en la administración del ex gobernador Guillermo Padrés.
El gobierno sonorense deberá reintegrar 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados y 34.2 millones de pesos reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización y Recaudación, informó el SAT.
La actual administración de Pavlovich “pagará este dinero de sus participaciones, en caso de que ya las hayan recibido, y si no tendrá pedir a un préstamo a la Secretaría de Hacienda, que será descontado de sus próximas participaciones”, señala Flavia Rodríguez, directora de la consultoría Aregional.
El procurador fiscal de Sonora, Gerardo Avitia asegura que esta sanción va a traer una repercusión económica que afectará de manera negativa en la prestación de servicios en rubros como salud, educación y seguridad pública.
Pavlovich afirma que no es justo que su administración esté pagando los “platos rotos” de la administración de Guillermo Padrés, quien condonó impuestos a varias empresas que auditó el SAT.
“Esto era el colmo, después de descubrir todo lo que hasta ahora saben. Estas irregularidades se descubrieron por medio de auditorías a empresas relacionadas con el gobierno pasado: se trata de socios, amigos y familiares directos del ex gobernador Padrés”, dijo la gobernadora en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola.
Ambos funcionarios aseguraron que se tomarán medidas legales para castigar a los responsables, y, por lo pronto, ya presentaron una denuncia a la Secretaría de la Contraloría para determinar el grado de responsabilidad en que pudieron incurrir 30 servidores públicos que actuaron indebidamente en actos de fiscalización en los que están relacionados impuestos federales.
Rodríguez, de Aregional, afirma que este fraude no puede quedar impune. “No se puede permitir al estado desfalcar al gobierno federal, ellos no tienen autoridad para condonar ningún tipo de deuda federal, sino para facilitar el cobro, hacer la diligencia y por eso les paga con incentivos”.
Insiste en que lo importante es encontrar a los responsables, ya que no se les tiene ubicados, y castigarlos, “porque es un precedente espantoso, que puede llevar a que más estados hagan lo mismo”.
Incluso, señaló, México puede solicitar la extradición de los responsables, apoyados de diversos convenios entre el SAT y la tesorería de los Estados Unidos.
La directora de Aregional explica que no hubo manera de prevenir el fraude o que se investigara el caso antes de que los responsables dejaran el cargo y huyeran, debido a que todo proceso tiene que ser sometido a auditorías antes de que el SAT pueda intervenir, y a que nunca había pasado algo similar.
“Normalmente donde hacen sus corruptelas y robos es en el dinero local, lo que dan al estado, pero es la primera vez que tratan de estafar a la federación”, dice.
No obstante, esto no quiere decir que sin las denuncias anónimas no se hubiera descubierto el fraude, ya que existen filtros que lo iban a detectar tarde o temprano, señala.