Las familias que ganan un salario mínimo, destinan una tercera parte de sus ingresos a pagar por actos de corrupción; el país pierde el equivalente a 10% de su PIB por este tema, advierte el IMCO.
México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recauda; su recaudación equivale al 19% de su Producto Interno Bruto (PIB) incluyendo los recursos aportados por el petróleo, lo que representa uno de los costos de la corrupción en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
María Amparo Casar, directora anticorrupción del IMCO, dijo que los costos de la corrupción representan un impuesto regresivo para la economía de las familias mexicanas, ya que de acuerdo con el organismo, aquellas que ganan un salario mínimo destinan 33% de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
La especialista aseguró que las pérdidas económicas por la corrupción en México, van del 2% al 10% del PIB, por lo que si se toma en cuenta la media, 5% del PIB, las pérdidas para el país ascienden a 890 mil millones de pesos.
"Esta cifra es igual al costo de 5 reformas fiscales, a 87 veces el presupuesto de la UNAM, 7.7 veces el presupuesto de Sedesol y 3 veces el presupuesto de la SEP", dijo Casar de IMCO.
Para Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho PDeA, la corrupción impacta en la efectividad de la recaudación tributaria y en la informalidad laboral.
De acuerdo con el especialista, aunque es difícil de demostrar, hay contribuyentes que en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevan a cabo acciones para evadir el pago de impuestos.
El experto en derecho fiscal explica en el texto “La corrupción en México: transamos y no avanzamos”, que hay formas de rastrear algunos casos de corrupción, por ejemplo, los que se dan en mandos superiores y que afectan sustancialmente la recaudación federal.
Por ejemplo, el abuso en el uso de comprobantes fiscales, que en los últimos 10 años han tenido un crecimiento inusitado para amparar operaciones inexistentes o simuladas.
También se encuentran las ‘vacunas fiscales’ que son auditorías fiscales a las que acceden los contribuyentes que se encuentran en una situación irregular en su pago de impuestos. Éstas, de acuerdo con Pérez de Acha, se usan principalmente para blindar a personajes políticos y de gobierno, “sobre todo cuando están por concluir sus cargos”.
Las devoluciones del IVA, es otro de los casos de corrupción fiscal en el país. El especialista detalla que las autoridades fiscales se justifican en que los comprobantes para acceder a estas devoluciones amparan operaciones inexistentes o ilícitas, lo que ha ocasionado que, ante un exceso de normatividad, se alimenten las sospechas de corrupción de funcionarios del SAT.
Las condonaciones fiscales también se encuentran entre las formas de corrupción fiscal. Pérez de Acha explica que en varias ocasiones el SAT ha condonado a estados y municipios que se quedan con el ISR retenido a sus trabajadores, justificándolo en los altos niveles de endeudamiento del gobierno federal.
Esto representó un hueco en la recaudación de 17,000 millones de pesos para 2013. Mientras que en ese mismo año y derivado del programa “Ponte al Corriente”, el SAT condonó a los contribuyentes créditos fiscales por 166,000 millones de pesos, de los cuales 96% correspondieron a personas morales, sin tener más detalles al respecto, como las razones por las que el órgano recaudador eximió a estas personas el pago de impuestos.
Para el experto en derecho fiscal, el combate a la corrupción debe ser una tarea prioritaria del Estado, por lo que el SAT debe ser responsable de encauzar investigaciones en contra de funcionarios corruptos y particulares ligados a la defraudación fiscal y el lavado de dinero, ya que “las leyes lo facultan para ello”.
Factores que impulsan el no pago de impuestos
Para Amparo Casar existen cuatro determinantes para que los ciudadanos acepten pagar impuestos: el conocimiento que tengan sobre sus obligaciones tributarias, su percepción sobre la justica del régimen tributario, la imagen del uso y manejo de los recursos públicos y las percepciones sobre el riesgo y castigo asociados a la evasión fiscal.
La especialista asegura que si la evaluación de estos cuatro determinantes es positiva, la resistencia a no pagar impuestos es baja y la recaudación a la alza, pero en México sucede lo contrario.
Pérez de Acha asegura que el fenómeno social de la evasión tributaria es complejo, porque en él inciden los factores antes mencionados, y la renuencia por parte de los ciudadanos a renunciar a una parte de su patrimonio para destinarlo a la hacienda pública.
“Esto deja como resultado que los contribuyentes atiendan con desgano o incumplan con obstinación sus obligaciones fiscales, lo que es un reto interminable por ver quién pierde menos en este jaloneo”, explica el socio fundador del despacho PDeA.