Mientras hay 20 mil amparos contra el envío de la contabilidad electrónica en la Corte, expertos coinciden en que es importante el respeto a los datos personales y difieren sobre si debe ser obligatoria u opcional.
La contabilidad electrónica debe de ser opcional y no obligatoria para los contribuyentes, ya que mediante de ella se solicita información y no hay claridad sobre cómo se utiliza y quién tiene acceso a ella, afirma Miguel Ángel Vázquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Los contribuyentes ya no confiamos en la buena fe ni en la autoridad, porque no sabemos qué uso va a hacer de la información. Es un aspecto, no tanto de secretos personales, pero sí de aspectos que no tendrían que ser difundidos y, por otro lado, cómo van a ser manejados internamente y quién tiene acceso a esta información”, dijo durante su participación de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario.
Explicó que con la reforma fiscal de 2013 las autoridades exponen que la digitalización del sistema tributario tiene el objetivo de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, expresó, “cuando yo veo eso me da risa, porque cuando dicen vamos a facilitar, se complican las cosas”.
Otro problema de la contabilidad son los criterios de la autoridad fiscal para evaluar si el envío de información cumple con lo requerido, ya que por medio de la Miscelánea fiscal “nos cambian la jugada”.
Además, lamentó que “cuando se aprueba una ley no se piensa en la dificultad que representa y tampoco se dan otras opciones a los contribuyentes”.
Al respecto, Eduardo Méndez, coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, señaló que la contabilidad debe ser obligatoria, ya que si el contribuyente emite comprobantes fiscales digitales (CFDI) tiene la posibilidad de mandar su información como lo requieren las autoridades sin que le implique un mayor esfuerzo.
No obstante, señaló, deben respetarse las excepciones a personas (como los que tiene ingresos menores a 4 millones) y los derechos de contribuyentes, principalmente los referentes a datos personales.
“Se pide la información de cierta manera que no debe pedirse, hay una violación por cómo se solicita la información”, afirmó.
Sin embargo, eso no quiere decir que todo esté mal y que no pueda modificarse.
“Primero tiene que corregir y pedir que se publique la información correcta, y a lo mejor ciertos rubros no tenerlos en la contabilidad”, como datos personales e información sensible, explicó.
Según la Procuraduría Fiscal, hay más de 20,000 amparos sobre contabilidad electrónica, los cuáles se espera sean resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
“No sé dónde vayan a parar los asuntos, cada uno tiene su particularidad, habría que ver los argumentos en cada juicio de amparo para saber cómo están planteando la inconstitucionalidad, la afectación de los derechos de los contribuyentes”, señaló la magistrada María Dolores Omaña.
Además, dijo, que no hay urgencia en estos temas tan trascendentes, más bien, lo importante es tener paciencia y esperar una buena resolución.