Reconocen organizaciones la decisión de mantener tal y como estaba el tributo para las bebidas azucaradas; llamaron a detinar más recursos al combate de la obesidad durante la asignación de
egresos.
Las organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria aplaudieron que el Senado mantuviera el impuesto a bebidas azucaradas y que los diputados ratificaran este cambio de posición.
La reducción en dicho impuesto, afectaría principalmente a las y los niños, pues los productos beneficiados por tal iniciativa se dirigen a la población infantil.
Los senadores y al final los diputados fueron sensibles a las voces de la sociedad civil y de los expertos nacionales e internacionales y aunque no se logró en esta ocasión, que se incrementara este gravamen en un 20%, como es la recomendación internacional, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) seguirá igual para todas las bebidas azucaradas.
“Este caso debe ser una enseñanza al legislativo en el sentido de que no deben retomar ninguna iniciativa legislativa cuando esta viene de la iniciativa privada sin tener una evaluación científica de los efectos que puede generar. La disputa entre los partidos políticos en la Cámara de Diputados, acusándose mutuamente entre PRI y PAN de haber introducido esta iniciativa, debe evitar que este tipo de situaciones vuelva a presentarse y que quede de manifiesto si hay conflicto de interés cuando una iniciativa es presentada, estas prácticas deben de terminar en nuestro país”, señaló
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Luis Manuel Encarnación, de Contrapeso, declaró: “Desde las organizaciones reconocemos la sensibilidad, compromiso y congruencia de los senadores y diputados que rechazaron el debilitamiento del impuesto, favoreciendo la salud de los mexicanos, especialmente de los niños y niñas. Lo más importante de este rechazo, es la señal que envían los legisladores para no debilitar aquellas políticas que generar un beneficio directo y claro en la salud. Esta política fiscal ha sido un gran ejemplo para otros países, por lo que se debe fortalecer en los próximos años”.
Por su parte Erick Antonio Ochoa, director de la Fundación Interamericana del Corazón, declaró: “Esta decisión pública evidenció a los malos legisladores, aquellos que promovieron intereses de la industria del refresco por encima del derecho a la salud. Los expuso como políticamente incorrectos. Esta es una lección no sólo para México, sino para la comunidad internacional que promueve políticas públicas en materia de salud. Exponer a los decisores públicos que favorecen intereses corporativos es política y socialmente rentable”.
El impuesto a bebidas azucaradas de un peso por litro fue implementado en México con el apoyo de organizaciones internacionales y nacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la OCDE y el Instituto Nacional de la Salud Pública, con base en evidencia científica y libre de conflicto de interés.
Desde su implementación, se ha demostrado que el impuesto ha tenido un efecto positivo en el consumo de bebidas azucaradas, logrando una disminución en el consumo de estas bebidas en un 6% en promedio en los hogares mexicanos y llegando hasta 12% en diciembre 2014.
Según INEGI, el impuesto disminuyó el consumo en alrededor del 7%, ya que indica que el crecimiento anual en estas bebidas venía siendo de 3.4% y se presentó una reducción de 3.8%.
Las organizaciones confiaron en que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2016, los diputados destinen mayores recursos a la prevención de la obesidad y la diabetes, y contemplen recursos para la instalación de bebederos en escuelas y espacios públicos.