La organización civil PODER exige aplicar medidas para limitar la participación de empresas involucradas en actos de corrupción y violaciones de derechos, en las licitaciones de la Ronda Uno.
Para que las compañías petroleras participen en las licitaciones de la Ronda 1, el gobierno debe pedir como requisito un informe detallado sobre los episodios de corrupción y violación a derechos humanos de las empresas.
Esto lo propuso la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), al presentar un análisis detallado de cinco empresas que integran el “Reporte de observación sobre las empresas que participan en Ronda Uno (segunda licitación)”.
Las firmas que analizó Poder son las multinacionales Shell, BP y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal. Todas se encuentran dentro del ranking de las 2,000 más grandes del mundo”, dijo el investigador Omar Escamilla, de Poder, durante conferencia de prensa.
Los investigadores que realizaron la investigación evidenciaron que las empresas están vinculadas a casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y daños ambientales.
Omar Escamilla, investigador de PODER, dijo que las empresas tienen que entregar un informe pormenorizado de los conflictos sociales, ambientales, casos de corrupción, elementos que las vinculan con el crimen organizado y todas las presunciones que existan.
“La transparencia no significa rendición de cuentas, no porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) televise a las empresas entregando un sobre, lo abran, lo lean y lo pongan en una tómbola significa que son responsables y rindan cuentas”, dijo Escamilla.
Destacó que los agentes de regulación que se crearon con la reforma energética son avances importantes. Sin embargo, agregó, no han considerado medidas para intentar limitar la participación de empresas que han mostrado que son perniciosas y tienen problemas.
El reporte identificó que estas empresas tienen como accionistas a gobiernos como China, Qatar, Kuwait o Corea del Sur, mediante la figura de “fondos soberanos de inversión”, es decir, recursos públicos que se invierten en los mercados financieros.
La investigadora independiente Tamar Hayrikyan, dijo que debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda Uno, la Secretaría de Energía (Sener) flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de la segunda licitación.
Explicó que se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano de 40% al 30%, así como el monto de garantía de seriedad de la propuesta, y ahora se permite a las empresas realizar exploración y extracción.
Además, agregó, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones.
“Está flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de las empresas mencionadas”, manifestó.
Los investigadores indicaron que las cinco empresas investigadas por la organización civil han participado en la Ronda Uno, que dará a conocer a los ganadores de la segunda licitación el próximo 30 de septiembre.
El informe de PODER hace énfasis en la necesidad de que México cuente con un marco regulatorio e instituciones fuertes en materia de transparencia y rendición de cuentas para las empresas, que regule adecuadamente sus operaciones, porque “estas empresas tienen gran capacidad de incidencia en la industria energética en el país”, indica.
Ejemplo de lo anterior es el caso de Chevron. La investigación arrojó que ocho años antes de que en México fuera permitida la participación de capitales privados en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, esta empresa contaba con una unidad de exploración y producción en el país.
Además, señala el informe, Chevron ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados.
Por su parte, “Shell ha sido acusada por PEMEX por la compra de petróleo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos”, muestra el documento.
Asimismo, revela que Grupo Carso y Grupo Bal, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, fungen como punto de entrada de capitales extranjeros al mercado energético mexicano, y a partir de la reforma energética de 2013 han creado empresas especializadas para competir en el mercado.