Al mandatario se le vincula con una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria y se le quitó el fuero para investigarlo; guatemaltecos celebran con cohetes y entonando su himno nacional.
El Congreso de Guatemala aprobó por unanimidad retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, a fin de que enfrente la justicia por acusaciones de corrupción.
En una votación histórica por su unanimidad, con el consenso incluso de los diputados oficialistas, el pleno legislativo aprobó ayer martes el dictamen de antejuicio contra el mandatario.
El presidente Pérez Molina es señalado en una investigación por fraude en la autoridad recaudadora de impuestos de Guatemala, un caso por el que está detenida la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
El Congreso instaló la sesión plenaria para conocer varios asuntos del día, pero se centró en la votación del dictamen de la comisión que investigó el caso que fue trasladado al parlamento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De los 158 diputados, se requería el voto de al menos 105 legisladores para aprobar el dictamen del antejuicio presidencial, que se tramitó en la sesión plenaria.
Asistieron a la sesión 132 diputados, mientras que 26 estuvieron ausentes, y todos los presentes, incluidos 28 del oficialista Partido Patriota (PP) votaron por la iniciativa de levantar la inmunidad al mandatario.
De esta manera, el presidente Pérez Molina deberá someterse a la justicia por su presunta participación en la red de corrupción conocida como La Línea, dedicada a la defraudación fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, se tienen pruebas de las acusaciones como las escuchas telefónicas autorizadas.
La ex vicepresidenta Baldetti, que renunció al cargo el 8 de mayo pasado ante la presión de las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción del gobierno, está en prisión por este caso de corrupción en la SAT.
El MP y la CICIG anunciaron el pasado 21 de agosto la captura de Baldetti y la solicitud de antejuicio contra el presidente Pérez Molina por el caso de La Línea.
La comisión investigadora, integrada por cinco diputados, emitió el sábado anterior su dictamen en el que recomendó el desafuero del gobernante.
La iniciativa fue presentada en la sesión plenaria del martes para la votación correspondiente, que resultó desfavorable para el mandatario.
Guatemaltecos festejan desafuero de Pérez Molina
Los guatemaltecos festejaron con quema de cohetes y con el himno nacional el desafuero del presidente Otto Pérez, quien tras la resolución del Congreso en su contra insistió en que no renunciará y afrontará el proceso legal que se le sigue.
“Sí se pudo, sí se pudo”, corearon decenas de guatemaltecos ante la entrada principal del Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno de Guatemala, en la Plaza de la Constitución, centro histórico de la ciudad.
En tanto, un juez ordenó el arraigo contra Pérez Molina, con base en una solicitud del Ministerio Público (MP), que no descarta emitir una orden de captura contra el presidente del país.
Dentro del Palacio Nacional, el vocero presidencial Jorge Ortega Gaytán dijo en rueda de prensa el martes en la noche que el mandatario continuará en el cargo y enfrentará a la justicia.
La fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, declaró el pasado 21 de agosto que levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina era necesario para avanzar en la investigación en su contra.
Ese día, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cargo de la investigación, anunciaron la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el pedido de antejuicio a Pérez Molina.
Según la investigación del MP y de la CICIG, Pérez Molina tendría participación en una estructura de corrupción dedicada a la defraudación y contrabando en la SAT.
El abogado constitucionalista Stuardo Ralón dijo a periodistas que Pérez Molina continuará en el cargo en tanto los tribunales no lo vinculen a proceso y le dicten auto de formal prisión preventiva.
En esa situación, que podría tomar varias semanas y aún meses, de acuerdo “con los tiempos de la justicia”, asumirá la administración del gobierno el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre hasta concluir el mandato el próximo 14 de enero (con información de Notimex).