La dependencia inició auditorías a cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Marcelo Ebrard; su arrendador dice que la PGR lo amenazó para ser testigo protegido
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició auditorías a cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Marcelo Ebrard, informó este viernes el diario Reforma.
El diario informó que de acuerdo con información oficial, el SAT investiga si cumplieron, entre otras contribuciones, con el pago del Impuesto Sobre la Renta.
El 18 de febrero iniciaron las auditorías fiscales contra Fabián Jorge y Eugenio José; el 14 de mayo el SAT empezó a indagar a Alberto Fernando y el 17 de junio a Enrique Camilo Ebrard.
Los auditores también empezaron a revisar las contabilidades de Francesca Lacy Ramos Morgan y Mariagna Prats, ex esposas de Marcelo Ebrard, así como de su cuñada Carolina Zamudio, esposa de Enrique.
Dichas revisiones iniciaron el 23 de abril y el 8 de mayo, según los oficios 500-05-2015-1649 y 1680, a los que tuvo acceso Reforma.
Los citatorios fueron enviados por la Administración Central de Planeación Estratégica.
Estas indagatorias se suman a las que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, en contra de Mariagna Prats, ex esposa de Ebrard, y de la constructora Enalser, empresa que ostenta la propiedad del inmueble que renta el ex jefe de Gobierno en la colonia Roma.
Uno de los socios propietarios de la constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, a quien vinculan con el ex jefe de Gobierno. También es copropietario de una empresa inmobiliaria denominada Residencial Mexicali, junto con Enrique Ebrard Casaubon, hermano de Marcelo.
Empresario denuncia amenazas de la PGR
El diario Reforma informó que Alejandro Israel Herrera Lamadrid, otro de los socios propietario de la casa que renta Marcelo Ebrard, solicitó a un juez federal cancelar el interrogatorio donde la PGR le ofreció ser testigo protegido en la investigación por lavado de dinero contra allegados al ex jefe de Gobierno del DF.
El empresario pidió al Juzgado Tercero de Distrito en Amparo Penal del DF anular sus declaraciones rendidas el pasado 28 de mayo, porque en ella los fiscales de la PGR le violentaron sus derechos humanos y garantías individuales.
"Me fue tomada (la declaración) violentando flagrantemente mis derechos humanos y garantías individuales y sin que la autoridad ministerial cumpliera cabalmente con las formalidades del procedimiento", dijo Herrera en la demanda de amparo 505/2015.
La tarde del 28 de mayo, el empresario fue retenido y llevado a declarar por la fuerza ante la Procuraduría, con base en una orden de localización y presentación girada en la averiguación previa SEIDF/CGI/013/2015.
El interrogatorio que Herrera pide cancelar vía amparo, se llevó a cabo en la Coordinación General de Investigación, organismo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Según el testimonio que el empresario presentó en su amparo, entre otras ilegalidades, la PGR lo amenazó con detenerlo, de cambiar el sentido de las preguntas y de requerirlo como testigo e interrogarlo como indiciado.
Según documentos judiciales, en la diligencia el empresario recibió la oferta de convertirse en testigo colaborador, la cual no aceptó, según su dicho incluido en la demanda de amparo.
En el interrogatorio la PGR le pidió responder preguntas sobre el círculo de amistades, familiares, socios y empresas de Enrique Ebrard Casaubón, empresario inmobiliario hermano del ex jefe de Gobierno.
El órgano jurisdiccional resolvió que la declaración ministerial no constituye un acto o agravio que deba reclamarse a la autoridad, sino una circunstancia que es parte de los hechos que se indagan.
Sin embargo, de acuerdo con información judicial, Herrera presentó una queja contra dicha resolución, con el propósito de que un tribunal colegiado determine la aceptación de su reclamo.
En su amparo, Herrera también pidió al juzgado impedir la integración a sus espaldas de esta investigación, suspender cualquier orden de localización y presentación o arraigo en su contra.
El juez negó la suspensión definitiva, porque no existen de momento esas órdenes en su contra (con información de Reforma).