Organizaciones civiles acusan que las autoridades invadieron atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
La suspensión o cancelación de la evaluación docente afectará el gasto público, a los contribuyentes que aportan sus impuestos para ese proceso y, sobre todo, la calidad de los servicios educativos del Estado.
Así lo afirmaron Viridiana Ríos y David Calderón, directores de las organizaciones México, ¿Cómo Vamos? Y Mexicanos Primero, respectivamente. Ellos, junto con representantes de otras cinco organizaciones, expresaron su rechazo a la suspensión de la evaluación docente, que la SEP anunció la semana pasada.
Esta decisión ocasionará un grave daño por la inversión que ha significado y todas las compensaciones a que obligará si no se logran los objetivos, dijo Calderón, director de Mexicanos Primero.
Son al menos de 100 millones de pesos que sirvieron para el pago de nóminas, materiales, bodegas, transporte, seguridad y toda la logística para el proceso. Ese dinero “se irían a la basura”, afirmó Calderón.
Ese dinero nos cuesta como contribuyentes, dijo Calderón. Los daños comenzarían a contabilizarse a partir del 8 de junio, fecha en que estaba prevista la evaluación. “Es un círculo vicioso de gastos”, afirmó.
Ríos, de México, ¿Cómo vamos?, advirtió que la suspensión de la evaluación docente afecta a todos los ciudadanos, que esperamos que nuestros impuestos se utilicen de forma adecuada para mejorar la capacitación de los mexicanos.
“El gasto educativo en México es muy opaco y queremos que nos expliquen de donde viene la nómina, a quién se le paga, por qué se le paga, cuales son todas estas contribuciones extraordinarias que se llevan los sindicatos, porque nadie sabe”, afirmó Ríos.
La especialista aseguró que la suspensión de la evaluación es regresiva porque afecta a los más pobres. “Los que tienen más, pueden pagar una educación privada”.
Reclaman a la SEP
Las siete organizaciones civiles, que ofrecieron ayer una conferencia de prensa, acusaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) desconoció la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y atentó contra el mandato constitucional de la reforma educativa, al suspender la evaluación.
“El objetivo del INEE es evaluar. Si no lo hace, no tiene sentido su existencia”, dijo María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.
Esa invasión de atribuciones es inaceptable y tendrá consecuencias, advirtieron. Entre ellas, que afecta derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, como aprender y contar con maestros adecuados.
Los representantes de la sociedad civil advirtieron que el gobierno pierde credibilidad al violar él mismo la Constitución porque vulnera el Estado de derecho y pierde autoridad moral.
Por eso exigieron a la SEP que corrija su anuncio y que no invada atribuciones del INEE para despejar sospechas de que cedió a chantajes, dijo Enrique Cárdenas, director del Centro de estudios Espinosa Yglesias.