De aprobarse la Ley Ficrea, todos los ahorradores defraudados deberán demostrarle a la autoridad tributaria que pagaron impuestos sobre sus ahorros
Para verificar la procedencia de sus ingresos y el pago de impuestos correspondientes, 7 de los 22 integrantes de la comisión que representa a los 6 mil 800 ahorradores defraudados por Ficrea son investigados por el Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer Enrique Gracia.
Parte de las averiguaciones ya concluyeron, pero hay algunas que siguen abiertas; sin embargo, Gracia aseguró que no hay temor porque todos los requeridos han cumplido con la parte que les corresponde.
“Como nosotros somos transparentes en cuestiones fiscales, lo que está pendiente es el proceso de comprobación de las autoridades de la legalidad y procedencia de nuestros ingresos”, afirmó.
De aprobarse la Ley Ficrea, es probable que todos los ahorradores sean requeridos para demostrar que pagaron impuestos de los recursos que invirtieron en tal fondo.
Ahorradores piden “limpiar” sus activos
Los ahorradores solicitaron mesas de negociación con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para que les asigne un encargado de reunir los activos de Ficrea, que se encuentran en poder del gobierno como bienes incautados, a fin de recuperar sus ahorros.
El total de activos asegurados suman 4 mil 800 millones de pesos, y hay mil millones más que la Procuraduría General de la República tiene que confiscar, aseguraron los ahorradores en una conferencia.
Hay 46 propiedades en el extranjero que no han sido decomisadas, dijo Montes de Oca. “De las que existen en Estados Unidos se calculan en 48.5 millones de dólares, y en España se estima que suman 16 millones de dólares, esto equivale a 967.7 millones de pesos”.
En total, los activos visibles suman alrededor de un 90% del ahorro de los afectados, cuya suma es de 6,240 millones de pesos, por lo que urge acelerar el concurso mercantil para recuperar el dinero.
La Ley Ficrea no beneficiaría a defraudados
Los ahorradores afectados están inconformes con el proyecto de Ley Ficrea, impulsado por el Senado de la República, ya que sólo beneficiará a los ahorradores que reclaman una cantidad menor a un millón de pesos, es decir, a 42% de los afectados.
“A través de un artículo transitorio los están obligando a renunciar, a ceder y desistirse de cualquier acción contra el Fondo de Protección al Ahorro, la sociedad financiera o el gobierno federal, para intentar recuperar el resto de los recursos”, añadió Montes de Oca.
Los defraudados descartaron aceptar que el gobierno les pague con dinero del erario público, pero también cuestionaron que la iniciativa de Ley Ficrea contemple la posibilidad de que los recursos que corresponden a los ahorradores y que se encuentran confiscados por la PGR vayan a formar parte del presupuesto de ingresos 2016.